The city of Medellin, Colombia was built through grassroots community processes without the participation of and in conflict with the central state, which wanted to stop urban expansion. The working-class residents of the new city built schools, churches, roads, and sewage systems according to the people’s needs, not the plans of the government. But recently, as city planners transition Medellin from being one of the most violent cities in the world to becoming a model city based on a service economy, real estate development is being driven by the state, against the interests of the people. These processes of “urban renewal” are gentrification, taking the working-class territories along the Medellin River for new housing. After at least 50 years of abandonment the state is approaching these impoverished communities with the aim of generating capital in a place built by the people. As the state and development corporations expel the poor from the territories that they built collectively, their planning communications and information styles also exclude the poor.
Gentrification of development communications
The form of communications that the municipal government uses to inform the people about their urban development project is vertical. They do not meet the communication needs of the people who will be affected: consultation and negotiation are scarce in Medellin as the City ignores the community’s voice. In a rush to finalize its plans, the government’s information campaigns share only the point of view of the government. Real estate development interests transcend the local because Medellin is a city that sells itself to the world, so a large portion of City development information is addressed to foreign investors or tourists, not the affected locals. The development model the City is implementing is not for those who live here, and even less for those who are poor.
Community media must be accountable to the people
Community communications, to the contrary, have the principal goal of sharing ideas, demands and the proposals of the people. A community newspaper must generate debate and try to influence public opinion according to the agendas of the communities from which newspaper editors obtain their reason for being. We share elements that feed the debate and the construction of people’s critical thinking so their participation can be real and effective, through truthful and responsible information, and avoiding propagandistic slants, as it is important to recognize the diverse opinions and feelings in our communities.
These are community journalists’ ethical responsibilities: on one hand by being affected by this process ourselves, and on the other by having the political consciousness of being part of the media. These two characteristics make us take a stance for the people, offering channels for the expression of demands, and for the promotion of community knowledge that enriches political debate for the defense of community interests. Community media must be accountable to the people.
Community communications are community resistance
It is necessary for community journalists to recognize the needs of communities and choose strategies where communication is two-way and participatory, transcending the one-way radio ad or the printed flier by using interactive community alternatives such as popular assemblies or using megaphones to spread news in neighbourhoods. In community media, local information, the demands of the community, and the communication needs of the people must not adapt to different formats of communication. On the contrary, it is the information formats (radio, audiovisual, print) and the different ways of narrating and presenting information that should adapt to the realities of those who live and build the territory.
Los procesos de comunicación comunitaria en la defensa de lo propio: el territorio
Por: Jhony Alexánder Díaz Castañeda – Corporación Mi Comuna
Contexto de ciudad: una ciudad con planeación urbana popular
Medellín, es una ciudad que pasó de ser una de las más violentas del mundo entre los años 80s y 90s, a convertirse en un referente regional debido a las transformaciones sociales, económicas y políticas, impulsando un modelo de ciudad basado en servicios donde el inmobiliario es uno de ellos. En ese sentido, se han generado planes urbanísticos con el fin de satisfacer las necesidades habitacionales de la clase media, por lo cual, los barrios populares se vuelven atractivos debido a su ubicación estratégica, reflejando el conflicto urbano de clases pues conllevan a procesos de gentrificación, donde los empobrecidos son expulsados de los territorios que construyeron colectivamente.
Los primeros pobladores de los territorios populares de la ciudad de Medellín (Colombia), crearon dinámicas de apropiación del territorio surgidas a partir de procesos de planeación popular, donde construyeron solidariamente sus escuelas, iglesias, vías y acueductos, organizando el territorio según sus necesidades, todo esto ante la ausencia del estado o el enfrentamiento con este, pues en los planes de ciudad no estaba contemplado el poblamiento de dichos territorios, buscando frenar así la expansión.
El cambio de modelo de la ciudad, pasando de ser una ciudad industrial a una de servicios encausados en cluster donde uno de ellos es el inmobiliario, genera la necesidad de nuevos territorios aptos para las nuevas construcciones habitacionales, por lo cual, los territorios populares ubicados al margen del Río Medellín se convierten en una opción. Estos procesos de renovación urbana conllevan directamente a generar gentrificación, pues con el fin de producir capital, se crean nuevas formas de habitar, dirigidas a una población con mayor poder adquisitivo que la residente, por lo cual, es poco probable que estas personas logren sostener el nuevo coste de vida, implicando la expulsión de esos territorios, es decir, tras por lo menos 50 años de abandono estatal, este se acerca a las comunidades empobrecidas con el fin de buscar generar capital en un lugar construido por la gente, para posteriormente el sector financiero o inmobiliario adquirir predios y construir nuevas edificaciones para nuevos residentes con mayores niveles de ingreso económico, mientras la plusvalía se direcciona a mantener este ciclo y no a favorecer a las comunidades afectadas en la relación carga-beneficio.
Comunicar como comunidad
Las formas de informar los proyectos de intervención urbanística empleados por la Alcaldía son verticales, es decir, no representan las necesidades comunicativas de la población que se verá afectada, por lo cual la interlocución y negociación es poco habida en la ciudad, negando la palabra a las comunidades pues el afán intrínseco del gobierno es llegar a la realización de los planes, generando campañas informativas donde el punto de vista oficial obviamente es el único a compartir. De igual forma, estos intereses trascienden el local, pues Medellín es una ciudad que se vende al mundo, así que la gran parte de esta información está dirigida a los inversionistas o turistas extranjeros, afirmando que el modelo de ciudad que se está gestando no es para los pobladores y mucho menos los empobrecidos.
La comunicación comunitaria tiene como fin principal propiciar espacios para la difusión de las ideas, demandas y propuestas de la gente, más porque quienes desarrollan estos procesos pertenecen a una comunidad. En este sentido, los medios deben generar debate y opinión pública a partir de las agendas de las comunidades que le dan sentido a estos, compartir elementos que alimenten el debate y la construcción de criterio de las personas para que la participación sea real y efectiva, esto a partir de información veraz y responsable, evitando el sesgo mediático pues es importante reconocer las diversas fuentes de información.
Es así como los periodistas comunitarios tienen responsabilidades éticas al respecto: por un lado al ser posibles afectados y por el otro, la concienciación política de ser medio de información. Estas dos características nos hacen tomar postura por la gente, brindando canales para la expresión de las demandas y la formación de opinión pública para enriquecer el debate político para la defensa de los intereses comunitarios.
Además, los procesos de comunicación deben ser pertinentes para la gente, para ello, es necesario reconocer el territorio, y seleccionar estrategias donde la comunicación sea en doble vía y participativa, trascendiendo la cuña radial o la pieza publicitaria en un medio impreso, sino advirtiendo otras formas alternativas comunitarias como las asambleas populares o el perifoneo. En la comunicación comunitaria la información local, las manifestaciones de la comunidad y las necesidades del territorio no deben adaptarse a los diferentes formatos de comunicación, al contrario, son los formatos informativos (radio, audiovisual, impreso, entre otros) y las diversas formas de narrar y presentar la información las que deben adaptarse a las realidades de quienes habitan y construyen el territorio.